Cuales son las condiciones para la ratificacion y puesta en marcha del TLC:
-Proteccion a los sindicalistas, acabr con el uso indebido de las cooperativas que vulneran los derechos de los trabajadores.
-Plan de accioen de proteccion de los derechos laborales y sindicales en colombia, aspectos que los legisladores del partido democrata, han requerido para que el acuerdo sea ratificado en el congreso.
Los colombianos mas afectados son el sector agropecuario, el sector de la salud publica , se afecta el acceso a la salud en el que los monopolios farmaceuticos norteamericanos, logran subir los estandares de proteccion de su sector por encima de los parametros, mayor monopolio e incremento de los precios al consumidor.
Se veria afectado el sector industrial por la entrada de productos remanufacturados que competirian con los productos nacionales a muy bajos costos.
martes, 6 de septiembre de 2011
CRIMEN D FACUNDO CABRAL
El músico argentino fue víctima de un tiroteo camino del aeropuerto internacional La Aurora después de ofrecer un concierto. Primeros indicios apuntan a que el atentado era en contra del empresario que lo contrató, el nicaragüense Henry Fariñas.
Se caracterizó por sus composiciones de trova y sus soliloquios con anécdotas personales y reflexiones espirituales.
Influenciado en lo espiritual por Jesús, Gandhi y La Madre Teresa de Calcuta, predicó una especie de misticismo cristiano; en literatura tuvo admiración por Jorge Luis Borges con quien también mantuvo conversaciones filosóficas y por Walt Whitman. Este rumbo de observación espiritual, inconformista, se imprimió en su carrera como cantautor que tomó el rumbo de la crítica social sin abandonar su habitual sentido del humor. No se conoce que Cabral haya tenido participación militante en movimiento político alguno, aunque por muchos años abogó por el pacifismo como forma de solucionar conflictos autodefiniéndose como "violentamente pacifista" y "vagabundo firstclass", se identificó en sus últimos años con una especie de anarquismo filosófico y contemplativo.
LEY DE VICTIMAS
Por más de 40 años, el conflicto armado interno ha desangrado a la nación, siendo la sociedad civil la más afectada. Asesinatos políticos, desplazados, secuestros masivos de ciudadanos de todas las clases sociales, desapariciones forzadas y asesinatos de líderes sindicales, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios son hechos que durante los últimos años evidencian una dinámica de degradación del conflicto y de desconocimiento de la dignidad personal de las víctimas.
¿Quiénes son las víctimas?
Según el texto aprobado en la Comisión Primera del Senado, son las personas que han sufrido menoscabo de sus derechos a partir de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves a las normas Internacionales de Derechos Humanos. También se considera víctimas a los familiares en primer grado de consanguinidad y a los cónyuges de los afectados.
El texto aprobado en la Comisión Primera del Senado excluyó a los integrantes de grupos ilegales, pero sí incluyó a los niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados. Para organizaciones sociales como el ICTJ, esa exclusión es contraria a los principios del DIH, pues los integrantes de grupos ilegales también podrían sufrir el menoscabo de sus derechos en algunos casos.
En las últimas horas, se desató una polémica porque los ponentes de la ley y el Gobierno acordaron que las víctimas que se podrán beneficiar son las del “conflicto armado”. Esa expresión no había aparecido en las discusiones. El objetivo de la inclusión es delimitar el universo de víctimas para que queden por fuera las de la delincuencia común.
Para algunos legisladores como Roy Barreras, de La U, las personas afectadas por las bandas criminales no se deben considerar sujetos de los derechos de la ley en discusión. No obstante, organizaciones de derechos humanos y algunos sectores políticos consideran que las personas que han sido asesinadas por esas bandas o sus familiares, en algunos casos por defender su derecho a la tierra, también son víctimas del conflicto. La discusión no está saldada.
Las víctimas podrían ser entre tres y cuatro millones de personas (casi el 10 por ciento de la población colombiana), pues la cifra incluye a todos los desplazados.
Según el texto aprobado en la Comisión Primera del Senado, son las personas que han sufrido menoscabo de sus derechos a partir de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves a las normas Internacionales de Derechos Humanos. También se considera víctimas a los familiares en primer grado de consanguinidad y a los cónyuges de los afectados.
El texto aprobado en la Comisión Primera del Senado excluyó a los integrantes de grupos ilegales, pero sí incluyó a los niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados. Para organizaciones sociales como el ICTJ, esa exclusión es contraria a los principios del DIH, pues los integrantes de grupos ilegales también podrían sufrir el menoscabo de sus derechos en algunos casos.
En las últimas horas, se desató una polémica porque los ponentes de la ley y el Gobierno acordaron que las víctimas que se podrán beneficiar son las del “conflicto armado”. Esa expresión no había aparecido en las discusiones. El objetivo de la inclusión es delimitar el universo de víctimas para que queden por fuera las de la delincuencia común.
Para algunos legisladores como Roy Barreras, de La U, las personas afectadas por las bandas criminales no se deben considerar sujetos de los derechos de la ley en discusión. No obstante, organizaciones de derechos humanos y algunos sectores políticos consideran que las personas que han sido asesinadas por esas bandas o sus familiares, en algunos casos por defender su derecho a la tierra, también son víctimas del conflicto. La discusión no está saldada.
Las víctimas podrían ser entre tres y cuatro millones de personas (casi el 10 por ciento de la población colombiana), pues la cifra incluye a todos los desplazados.
¿Qué es asistencia, reparación y restitución?
El proyecto enuncia medidas del Estado que cobijan a las víctimas de varios tipos. Una es la asistencia, que es la ayuda que requiere cualquier persona en el momento en el que se le vulneró su derecho. Por ejemplo, asistencia médica o alimentaria.
La reparación no es una medida de beneficencia, sino la obligación del Estado de “reparar” el daño que ha sufrido la víctima. Esa reparación incluye medidas económicas y simbólicas, entre otras. El proyecto define como reparación integral medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición.
La restitución es la devolución de un bien o un derecho a una persona que lo perdió. El proyecto incluye un capítulo especial dedicado a la devolución de las tierras de personas que fueron obligadas a abandonarlas.
No obstante, algunos defensores de derechos humanos argumentan que el proyecto confunde algunos de los conceptos. También han sugerido que la devolución de la tierra no es suficiente para que las víctimas puedan recuperar su capacidad productiva.
El proyecto enuncia medidas del Estado que cobijan a las víctimas de varios tipos. Una es la asistencia, que es la ayuda que requiere cualquier persona en el momento en el que se le vulneró su derecho. Por ejemplo, asistencia médica o alimentaria.
La reparación no es una medida de beneficencia, sino la obligación del Estado de “reparar” el daño que ha sufrido la víctima. Esa reparación incluye medidas económicas y simbólicas, entre otras. El proyecto define como reparación integral medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición.
La restitución es la devolución de un bien o un derecho a una persona que lo perdió. El proyecto incluye un capítulo especial dedicado a la devolución de las tierras de personas que fueron obligadas a abandonarlas.
No obstante, algunos defensores de derechos humanos argumentan que el proyecto confunde algunos de los conceptos. También han sugerido que la devolución de la tierra no es suficiente para que las víctimas puedan recuperar su capacidad productiva.
T.L.C
El 22 de abril, el gobierno colombiano deberá expandir el ámbito de protección de los líderes sindicales, tanto de delegados como de los miembros de las comisiones de negociación colectiva, de quienes tratan de organizarse o afiliarse a un gremio, así como ex activistas que fueron amenazados.
Para el 30 de julio tendrá que estar solucionado el atraso existente en la evaluación de las solicitudes de protección presentadas por sindicalistas y asegurar que, en el futuro, la policía realizará esa tarea en no más de 30 días.
El 15 de junio, el gobierno de Colombia deberá promulgar una reforma del Código Penal que criminalice y condene acciones intimidatorias que puedan afectar derechos fundamentales de los trabajadores, incluidas las amenazas contra los sindicatos y otras acciones que afecten los derechos de organizarse y de encarar negociaciones colectivas.
Colombia deberá cumplir además con otras exigencias en ese ámbito, como reformas legislativas que impidan que se utilicen formas de asociación cooperativa o agencias de empleo temporal para violar los derechos de los trabajadores, así como duplicar el número de inspectores laborales en cuatro años.
El gobierno colombiano ha insistido repetidamente que, con o sin TLC, está trabajando con efectividad para proteger los derechos de los trabajadores en ese país.
Según se informó oficialmente desde la Casa Blanca, los compromisos que debe cumplir Bogotá están contenidos en un "Plan de Acción" acordado entre ambos gobiernos.
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