El 22 de abril, el gobierno colombiano deberá expandir el ámbito de protección de los líderes sindicales, tanto de delegados como de los miembros de las comisiones de negociación colectiva, de quienes tratan de organizarse o afiliarse a un gremio, así como ex activistas que fueron amenazados.
Para el 30 de julio tendrá que estar solucionado el atraso existente en la evaluación de las solicitudes de protección presentadas por sindicalistas y asegurar que, en el futuro, la policía realizará esa tarea en no más de 30 días.
El 15 de junio, el gobierno de Colombia deberá promulgar una reforma del Código Penal que criminalice y condene acciones intimidatorias que puedan afectar derechos fundamentales de los trabajadores, incluidas las amenazas contra los sindicatos y otras acciones que afecten los derechos de organizarse y de encarar negociaciones colectivas.
Colombia deberá cumplir además con otras exigencias en ese ámbito, como reformas legislativas que impidan que se utilicen formas de asociación cooperativa o agencias de empleo temporal para violar los derechos de los trabajadores, así como duplicar el número de inspectores laborales en cuatro años.
El gobierno colombiano ha insistido repetidamente que, con o sin TLC, está trabajando con efectividad para proteger los derechos de los trabajadores en ese país.
Según se informó oficialmente desde la Casa Blanca, los compromisos que debe cumplir Bogotá están contenidos en un "Plan de Acción" acordado entre ambos gobiernos.
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